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Editorial: ¿Es posible un mundo sin guerras?

La constatación de que tan sólo durante la década pasada el mundo ha registrado unos ciento veinte conflictos armados en los que han participado ochenta Estados nacionales, con un balance de seis millones de muertos, puede corroborar la  tesis de que “la marcha de la historia” conduce al militarismo y la guerra. Puede objetarse la necesidad de distinguir entre las guerras imperialistas, encaminadas a la regulación del sistema mundial capitalista mediante la guerra, de aquellas otras guerras anticoloniales y guerras revolucionarias, orientadas a desembarazarse de la opresión imperialista. Sin duda hay que distinguir los tipos de guerra,  las guerras injustas imperialistas, de expoliación y saqueo de los pueblos, de las guerras justas de liberación de los pueblos de la opresión imperialista, so pena de meterlas a todas en el mismo saco y quedar atrapados en la hipocresía y el engaño mediáticos, interesados en que el bandidaje imperialista aparezca como una “guerra justa”.

Hasta quienes piensan  que las guerras son tan viejas como la humanidad, a nuestro juicio tan viejas como las sociedades divididas en clases antagónicas, admiten que el siglo XX ha sido el más sangriento de los siglos. Y, sin duda, coincidiremos en que el siglo XX ha estado dominado en gran medida por el imperialismo USA y que su agresiva política exterior puede rastrearse en la fisonomía de incontables conflictos bélicos. Precisamente, al tratar de las características de las guerras actuales, se destacan los rasgos del bandidaje, la rapiña y el saqueo, que junto a la recolonización de Estados y territorios más o menos desestructurados, son características del dominio imperialista. En el artículo “Atrapados por la barbarie” (El País, 30.12.01) Rafael Vila-Sanjuán, secretario general de Médicos sin Fronteras, señalaba que las guerra actuales eran “por el acceso  a las materias primas, por el control de las comunicaciones o por el comercio de armas, drogas y mercancías de valor como el petróleo o los diamantes”. Otra nota característica de las guerras actuales, que las colocan de lleno en la barbarie, es la masacre de la población civil. Y agregaba: “Cuando las guerras se libraban -literalmente- en el campo de batalla, la mayoría de las víctimas eran militares. Hoy ya no es así. Las nuevas guerras utilizan  a la población civil y, para obtener sus fines, entran hasta en las casas. Como consecuencia inmediata se ha invertido la proporción entre las víctimas, de forma que ahora un 90% son civiles”.

¿Y qué decir cuando esta barbarie se desencadena en nombre de la civilización? Después de las guerras en Irak y Yugoslavia, en  las que fue reafirmada la hegemonía hiperimperialista yanqui, la guerra sobre Afganistán, en nombre de la “lucha internacional contra el terrorismo” ha sido anunciada a bombo y platillo como el exponente de “la guerra del siglo XXI”. Lejos del “nunca más” que acompañó desiderativamente a otros conflictos bélicos, se ensalzan los atributos de su prevista  larga duración y de “guerra sucia”,  y de extensión a otros países bajo el terrorífico expediente de llevarla “por todos los medios”.

 

Las matanzas que pesan

Cabe preguntarse si el ataque terrorista del 11 de septiembre pasado a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono en Washington ha sido el detonante o el mero pretexto para que el despliegue de la potencia militar de Estados Unidos se haya dirigido sobre Afganistán, es decir, sobre uno de los países más pobres del mundo. Sin duda, el 11-S dejó patente que el espacio aéreo y el solar patrio de EEUU no eran invulnerables, lo que en cualquier caso forma parte de la “pedagogía del hecho”, inmanente al acto terrorista. Pero obviamente, para cualquier espíritu civilizado y no revanchista, resulta exagerado que a un acto terrorista se le responda con la guerra. Porque una respuesta de ese calibre significa, entre otras cuestiones de peso, que la matanza de civiles en Estados Unidos vale más que la matanza de civiles en cualquier otro país del mundo, máxime cuando tan incontables matanzas tienen en su haber la impunidad de la hegemonía militar yanqui. Baste saber que desde 1991, la política de sanciones a Irak ha provocado la muerte de un millón de niños.  Cierto que las masacres de la política exterior norteamericana no salen en la televisión, ni la masa de sus ciudadanos se preocupa de saber por qué su gobierno rechaza todas las cumbres internacionales organizadas en defensa de los derechos humanos y sociales; por qué abandonó la reciente Conferencia de Durban, por qué no ratifica los Derechos del Niño (que le permite alistar a menores en el ejército) y por qué apoya el despliegue de armas químicas y bacteriológicas. En suma, toda esa ignorancia culpable, a la que algunos aluden bajo el término de “excepcionalismo”, que le permite al Estado imperialista norteamericano ser los “buenos” de la película,  y hacer del “otro”, de otros países, el malvado que merece ser exterminado porque su vida no vale nada.

   Como diría  Rossana Rossanda: “Entonces, ¿algunas matanzas pesan como montañas y otras como plumas?” Si no es correcto valorar un acontecimiento solamente a partir del número de víctimas, tampoco es lícito valorarlo solamente a partir del daño que causa a la idea de sí mismo que tiene quien resulta herido, en este caso Estados Unidos. Aún más turbia es la cita culta del Apocalipsis: “enfrentamiento  final entre la Bestia y el Cordero. El Bien somos nosotros; ellos son la Bestia”. Así dijo Bush. Y agregó: “Dios está con nosotros”. Y en concordancia con ello, el Vaticano bendijo la guerra en nombre de la ley del Talión, trocada en  “legítima defensa”. Al igual que harían las Naciones Unidas, habituadas a mirar para otro lado ante las frecuentes vulneraciones realizadas por EE UU del principio de la soberanía nacional de los demás países. Cuando, sin embargo,  el carácter agresivo de la política exterior USA se considera la base de su  “interés nacional”.

   Por eso, resulta sorprendente la falta de medidas protectoras para impedir el ataque terrorista en el suelo patrio de la metrópoli imperialista. Tanto más cuando la invulnerabilidad al ataque militar ha sido un rasgo dominante en la trayectoria bélica de Estados Unidos, merced al cual, desde su Guerra Civil, todas las guerras las ha tenido fuera de su territorio. Se trata de una diferencia clara respecto a las potencias imperialistas continentales europeas, que conocieron dos guerras mundiales en su propio territorio, aunque curiosamente ningún atentado anticolonial con las características del sucedido el 11-S. Como señalaba Noam Chomsky, en sus declaraciones a La Jornada, tres días después del también llamado Martes Negro:  “Los del martes, fueron el primer ataque contra el territorio nacional en dos siglos, y marca la primera vez que las “víctimas” tradicionales de la política estadounidense en el Tercer Mundo lanzan una acción militar contra el centro de los poderes imperiales”. Y agregaba: “Esto es ciertamente un parteaguas, la primera vez en la historia en que las víctimas están devolviendo el golpe al territorio matriz. ¿Cuándo ha sido atacada Europa y Estados Unidos por gente de sus colonias o áreas que dominan?” Para subrayarlo, y en respuesta a los que establecían un paralelismo con el ataque japonés a Pearl Harbor, del que se celebraba el sesenta aniversario, Chomsky marcaba la diferencia entre atacar a unas colonias de Estados Unidos y hacerlo a la propia metrópoli imperialista: “En Pearl Harbor, los japoneses atacaron dos colonias  -Filipinas y Hawai- el 7 de diciembre. Ataques a una colonia no son ataques contra Estados Unidos”. A esa diferencia, por otro lado, se refería el propio presidente norteamericano Bush, tras el 11-S, al considerar el ataque terrorista como un ataque al “corazón y el alma de la civilización occidental”. Y sin embargo, un ataque previsible desde el punto de vista de la estrategia militar estadounidense.

 

El terrorismo previsible

En el artículo “Ya lo dijimos” (El Mundo, 14.9.01),  el ex senador demócrata de Estados Unidos y candidato a la presidencia, Gary Hart, afirmaba que, en el otoño de 1999, la Comisión Norteamericana sobre Seguridad Nacional en el siglo XXI, pronosticaba los ataques hostiles en los términos siguientes: “EEUU será cada vez más vulnerable a los ataques hostiles a nuestra propia patria, y nuestra superioridad militar no nos protegerá completamente. Es probable que mueran americanos en territorio americano, posiblemente en gran número  de ellos”. A esta concluyente previsión, “le siguieron, en enero de 2001,  recomendaciones al presidente Bush para la creación de una Agencia de Seguridad en el Territorio Nacional. Desafortunadamente ni las administraciones de Clinton y Bush, ni el Congreso actuaron con rapidez para evitar el desastre”. Y apostillaba el ex senador: “Se predijeron los resultados de la catástrofe. No así los métodos empleados. La Comisión, cuya presidencia compartí, creyó que el peligro vendría de las armas de destrucción masiva (biológicas, químicas o nucleares). En efecto, hubiera sido más fácil para los terroristas (no tan rentables) detonar una cabeza nuclear de dos kilotones en el World Trade Center de Nueva York (y quizá varias otras simultáneamente en otras ciudades) que llevar a cabo el complejo, pero barato uso de aviones comerciales como misiles. Esta operación no costó más de una docena de billetes de avión”.

Pero la campaña bélica ha pasado de estas responsabilidades de la administración Bush y del fracaso de los poderosos servicios de inteligencia de EEUU, encabezados por el FBI y la CIA. Éstos disponen, en su conjunto, de un presupuesto de 40.000 millones de dólares, de millares de agentes y poderosos medios. Así, el FBI, encargado de la lucha contra el terrorismo en el territorio de EEUU, cuenta con más de 25.000 agentes y 56 oficinas, mientras otra agencia, el Servicio de Inmigración está dedicado a la vigilancia de las fronteras. Tampoco la labor de contraespionaje de la tenebrosa CIA ha quedado mejor parada ante el 11-S. La CIA creada (1947) para la Guerra Fría, cuenta con un presupuesto secreto, así como lo son sus millares de agentes, encargados de proporcionar información extranjera relacionada con la seguridad nacional, además de ser responsable de las actividades de contraespionaje. Al parecer, tampoco estaban al corriente las diez agencias federales restantes, entre las que se encuentra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), encargada -según su web- de  proteger a la nación, que lograron detectar los ataques terroristas suicidas del 11-S. Ante tamaño fracaso, el columnista conservador Willian Safire, mostraba su enojo por  el hecho de que:  “EEUU ha sufrido un número de bajas en su propio territorio  como no se registraba desde la sangrienta batalla de Antietan”, no sin preguntar al respecto: “¿Por qué, con un presupuesto  de 30.000 millones de dólares al año para los servicios secretos, ni el FBI, ni la CIA, ni la NSA pudieron prevenirlo”?

Desde el primer momento la administración Bush aprovechó el ataque terrorista, para hacer sonar los tambores de guerra, en política exterior, y recortar las libertades civiles, en política interior. Tras la conmoción del 11-S, le faltó tiempo al presidente Bush, pese a lo desproporcionado de la respuesta, para declarar el estado de guerra. En cuestión de horas los servicios de inteligencia pasaron del “enemigo desconocido” a la certeza en  la culpabilidad de la trama terrorista islámica dirigida por Osama Bin Laden. En ese tiempo record, la investigación en la que participaban 7.000 agentes del FBI ya consideraban sospechoso principal al millonario saudí Ben Laden, dirigente de la organización terrorista internacional Al Qaeda (La Base), y antiguo aliado de la CIA y de la familia Bush. Y esto, cuando las dudas sobre la autoría de los atentados terroristas no descartaban que tanto la CIA o el Mosad (servicio secreto israelí) pudieran estar detrás, siendo plausible que se les hubiera descontro­lado la operación. No era fácil que las dudas quedaran disipadas, cuando a tenor de los media “las pruebas irrefutables que podrían convencer al mundo entero de la culpabilidad de Ben Laden no fueron divulgadas por motivos de seguridad”.

En cualquier caso, estaba claro que Afganistán, donde -bajo el régimen reaccionario de los Talibán- había establecido Ben Laden su base de operaciones, era el país que tenía todas las papeletas para la expedición punitiva, en cuanto escenario de la planeada recolonización del Asia Central. Porque si Afganistán es actualmente uno de los países más pobres del mundo, eso no quita para que ocupe un lugar geoestratégico respecto al control del petróleo y el gas del Mar Caspio. Y por supuesto que por las ganancias de las compañías petroleras, amparándose tras “la dependencia energética” y demás pretextos, los gobiernos de EEUU están dispuestos a la guerra. Es lo que sin tapujos, en otro artículo, diría el susodicho senador Gary Hart: “Aunque Estados Unidos importa ahora menos petróleo de la región del Golfo Pérsico que durante la última guerra librada en esta región, su política exterior sigue secuestrada (¡!) por su dependencia energética y, por tanto, seguirá dispuesta a ir a la guerra si se interrumpe el suministro de crudo”. Así que nada de rodeos sobre la “guerra justa”, ni  el “choque de civilizaciones”, sino más bien el acaparamiento y saqueo de las materias primas, en la más clásica tradición del expolio imperialista. Sin tapujos, lo dirá el arabista francés Gilles Kepel, autor del libro La Yihad, al afirmar, en una entrevista en el diario El Mundo: “El petróleo es la clave. La prioridad escondida del conflicto”.

 

La clave del petróleo

Durante la Guerra Fría, la política exterior de EEUU y las potencias europeas estaban interesadas en potenciar el carácter reaccionario del terrorismo islámico,  frente a los proyectos progresistas en el Tercer Mundo y frente a la URSS, entonces gran potencia, que tendría, precisamente en Afganistán, su piedra de toque. Desde 1978, cuando menos, empezó el gobierno de EEUU a potenciar la creación de grupos terroristas contra el régimen republicano de Afganistán, desde el cuartel general de la CIA instalado en Pakistán. El 3 de julio de 1979 el presidente demócrata Carter firmó un decreto presidencial que autorizaba la financiación de los  muyahidin,  la guerrilla islámica antisoviética y sus campos de entrenamiento. Luego Carter calificaría la intervención del ejército soviético en Afganistán (navidad de 1979) como la mayor amenaza para la paz desde la II Guerra Mundial. Este pretexto  significaba incrementar el apoyo  a los muyahidin, llamados “luchadores de la libertad”, ocultando la implicación de EEUU, cuya ayuda económica a lo largo de la década de los ochenta sumaría un total de tres mil millones de dólares. Entre esos “luchadores de la libertad” estaban millares de árabes afganos, integristas como Ben Laden, que tras la retirada del ejército de la URSS en 1989, logran derribar al gobierno comunista afgano en 1992 y liquidar las reformas políticas y sociales. A continuación, el régimen de terror y bandidaje de los señores de la guerra de la “Alianza del Norte” caracteriza a una guerra civil, en la que los distintos clanes son apoyados por los diversos intereses que pugnan en la zona. Con el fin de la URSS, y la secesión de las nuevas repúblicas en Asia Central (Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, etc) las potencias imperialistas y las burguesías regionales se lanzan sobre la ruta del petróleo y los gasoductos del Caspio. Para imponer orden y reconstruir el Estado, entra en escena desde 1994 el movimiento de los talibán, estudiantes de las madrasas (escuelas coránicas) reclutados entre los cuatro millones de afganos refugiados en Pakistán, financiado por Arabia Saudí, el fiel aliado de Estados Unidos,  y al que la CIA obviamente da carta blanca. En dos años, este movimiento armado, en su mayoría de jóvenes de la etnia mayoritaria pastún puso fuera de combate (1996) a los clanes de la Alianza del Norte, que aborrecidos por sus atrocidades quedaron a la espera de que sus servicios fuesen requeridos por la recolonización de la zona.

Junto a los intereses norteamericanos en la petrolera Unocal, patentes en el trazado de un gasoducto desde el Caspio hasta la gran urbe pakistaní de Karachi, están los del imperialismo europeo, interesado en la creación del llamado “corredor eurasiático”, mediante el cual la Unión Europea llegaría a las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, pasando por Afganistán. En ese avispero, también la empresa petrolera rusa Gasprom trata de sacar tajada, resultando de este modo la estrecha correlación existente entre los intereses del petróleo, la recolonización del Asia Central y la coalición internacional contra el terrorismo.

En medio de una oleada patriótica, Bush obtuvo la unanimidad del Senado para la expedición punitiva de EEUU sobre Afganistán, con la dotación de un presupuesto extraordinario de 40.000 millones de dólares, mientras el Pentágono movilizaba a 50.000 reservistas. Para mayor ironía o eufemismo, la operación bélica se denomina “Libertad duradera”, cuando como tan certeramente han señalado no pocos analistas, resulta que ningún gobierno árabe ha sido elegido libremente. En su artículo “El terrorismo estadounidense”, Faisal bodi, escritor y experto en temas musulmanes, afirmaba: “Mientras ondea con una mano la bandera de la democracia, Washington vierte generosamente miles de millones de dólares en el sostenimiento de regímenes totalitarios en Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Argelia, por citar algunos, para garantizarse que a sus pueblos se les impida el ejercicio de su voluntad colectiva”. En el caso de Kuwait y Arabia Saudí se trata de monarquías arcaicas o teocracias semejantes a las del régimen talibán, en las que las mujeres también están apartadas de la vida pública, sin derecho al voto. Pero obviamente no son todas las atrocidades de los regímenes oscurantistas y despóticos del Islam político las que se trata de combatir, sino las atrocidades de los Estados “fallidos” o díscolos a  Estados Unidos. En cambio, cuando se trata de aliados o socios, como el caso relevante de Arabia Saudita, poco importa que no respete los derechos humanos o que subvencione el integrismo islámico, cuando con ello iba a socavar el progresismo árabe, a combatir al comunismo y estimular la yihad contra la invasión del ejército ruso en Afganistán. La Liga Islámica Mundial financiada por la monarquía saudí  abrió delegaciones en todos los países musulmanes y el Ministerio de Asuntos Religiosos distribuyó cuantiosa propaganda y fondos económicos. No por casualidad, hasta el Martes Negro, eran Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita  los que continuaban reconociendo el régimen talibán.

Con una celeridad inusitada, digna de mejor causa, Naciones Unidas aprobó la guerra de la coalición contra el terrorismo internacional, capitaneada por EEUU en “legítima defensa”. Por su parte,  los mandatarios estadounidenses han empezado a satisfacer parte de los 1.300 millones de la deuda de Estados Unidos con la ONU. Asimismo, se ha interpretado como una recompensa a los servicios prestados por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, la recepción del premio Nóbel de la Paz. No menos diligentes han sido los socios europeos, encabezados por el fiel escudero británico, Tony Blair. Los socios de la Unión Europea no sólo adoptaron la resolución de la ONU, sino que activaron muy servilmente el artículo 5 de la OTAN, por el que se establece que un ataque a un Estado miembro se considerará como un ataque contra todos. Además gracias al 11-S, el delito de terrorismo que sólo estaba tipificado en seis de los quince países de la Unión Europea, sustancia desde finales de noviembre el frente legislativo antiterrorista de la UE.

Esta aparente unanimidad de las grandes potencias, contrasta con el tono extremadamente defensivo de la Conferencia Islámica,  preocupada porque la guerra no se limite a Afganistán, sino que conforme a las amenazas de EEUU se extienda a los “países hostiles” de Irak, Yemen, Somalia, Sudán, etc. Convocada con carácter de urgencia, la Conferencia reunió a 56 países que, en su comunicado final, condenan los ataques del 11-S, haciendo un llamamiento a la ONU para que patrocine una conferencia internacional  en la que se defina qué es terrorismo sin equívocos. El comunicado denunciaba el terrorismo de Estado practicado por Israel contra los palestinos, pidiendo la protección internacional de éstos y el final de la ocupación de los territorios ocupados por Israel desde la guerra de 1967. Pero en lugar de ello, Israel, aprovechando la campaña bélica sobre Afganistán, ha intensificado la reconquista de zonas palestinas humillando a la Autoridad Nacional Palestina hasta límites insospechados. Ni qué decir tiene que, en la masacre de la Intifada palestina, Israel va de la mano de Estados Unidos, que le surte del armamento con el que se ha procedido al asesinato de centenares de palestinos y provocado más de veinticinco mil heridos. (A ese apoyo manifiesto del terrorismo de Estado de Israel por parte de Estados Unidos, se refería Paul Johnson historiador “halcón” del catolicismo conservador, en su artículo “El albor de una nueva era”, dando pelos y señales de que EEUU había impulsado la carrera de muchos pistoleros y colocadores de bombas).

A todo esto, desde  el 7 de octubre,  Estados Unidos apoyado por el Reino Unido lanza los primeros  bombardeos sobre Afganistán, con misiles Tomahawk desde aviones B-52 y buques estacionados en la zona. Los objetivos prioritarios son las ciudades de Kandahar, Kabul y Jalalabad, además de las cuevas donde se trata de capturar a Ben Laden. Las bombas “revienta-bunkeres”, dirigidas por láser, pesan más de dos mil kilos y penetran en la tierra medio centenar de metros antes de provocar las explosiones devastadoras.  Por otro lado, las “bombas de racimo”, diseñadas para matar personas, liberan antes de llegar al suelo  una multitud de bombas de pequeña potencia  que barren la superficie del lugar donde caen. Son numerosas las organizaciones humanitarias que han pedido la prohibición de este tipo de armamento, pero EEUU ya lo utilizó en la guerra del Golfo y en Kosovo, y ahora lo repite en Afganistán. El 15 de octubre la capital Kabul queda incomunicada, y el  7 de noviembre  los mortíferos bombardeos de EEUU  despejan el camino a la Alianza del Norte rearmada con los pertrechos de Rusia y pagados por Washington,  ocupando dos días después Mazar -y- Sharif, capital del norte de Afganistán, en la que se registra la masacre de prisioneros. El 11 de noviembre unos 30.000 talibán se atrincheran en la zona de Kunduz que se rinde el 24 de noviembre. Finalmente, a los dos meses de iniciados los bombardeos,  el 6 de diciembre, se desmorona el régimen talibán, con la entrega de Kandahar y otras localidades. Aunque la captura de Ben Laden, que -según se decía- era el objetivo de la expedición punitiva, no se había logrado, motivo que ni pintado para el acantonamiento de tropas internacionales en la zona, la Conferencia de Bonn, en sustitución del régimen talibán, nombró un gobierno provisional, entre cuyos integrantes se cuenta a la “edificante” Alianza del Norte, cuya fuente de ingresos principal -denunciado por la agencia antidroga de la ONU- era y sigue siendo el tráfico de opio.

 

El patriótico Estado imperialista

Paralelamente a la guerra sobre Afganistán, una oleada de patriotismo revanchista se apoderaba de Estados Unidos. A partir de la conmoción provocada por el 11-S, las medidas policíacas, legislativas y procesales adoptadas han conducido a no pocos analistas a calificar la situación de Estados Unidos de “Estado policial”. Dos hitos principales, han sido el 26 de octubre, fecha en que fue aprobada la Ley Patriótica, la USA/ Patriot act, en un alarde anticonstitucional,  y el 13 de noviembre  en que el presidente Bush se invistió de poderes que, “serían la admiración de cualquier dictador”, según una editorial del diario The New York Times. La editorial, titulada “Una burda parodia de justicia” ( fechada el pasado mes de noviembre) se refería a “la preocupante cadena de medidas  adoptadas desde el 11 de septiembre para, mediante un rodeo, saltarse la Constitución”. Y añadía: “Se produce inmediatamente después de que se anuncie que el Departamento de Justicia se propone intervenir las conversaciones telefónicas entre determinados presos y sus abogados. El gobierno además mantiene en prisión a cientos de detenidos, sin dar a conocer ni su identidad , ni los delitos de los que se les acusa, y ni siquiera la razón de tanto secretismo”. En cuanto a la implantación de tribunales militares secretos para juzgar a los acusados de terrorismo, diría la citada editorial: “El mismo (presidente Bush) se reserva en exclusiva la decisión sobre quién deberá comparecer ante esos tribunales. Los fiscales y jueces militares que van a decidir el destino de los acusados dependerá de él en su condición de comandante en jefe. Las audiencias podrán celebrarse sin publicidad. Podrán ser aceptados meros rumores y pruebas que los tribunales civiles considerarían  que se han obtenido de manera ilegal. Para pronunciar un veredicto condenatorio, e incluso para imponer una sentencia de muerte se exigirá una mayoría de tan sólo dos tercios de los miembros del tribunal. Se suprimirá el derecho de recurso a cualquier otro tribunal...”

Como señalaba James Petras, en su artículo “Una nación de soplones”, publicado el 30 de noviembre en La Jornada: “En Estados Unidos, los signos del Estado policial ya son evidentes en todas partes: el país se ha convertido en una nación de informantes. Decenas de miles de ciudadanos estadounidenses, descendientes de países del Medio Oriente, han sido arrestados sin cargos y el ejercicio del derecho a criticar la política estadounidense en esa zona del mundo ha sido catalogado como apoyo al terrorismo. Este programa  ha sido instigado y apoyado por las autoridades gobernantes, especialmente por la policía tanto local como federal, y por numerosos grupos de veteranos y políticos demagogos. El presidente ha asumido poderes dictatoriales, ha establecido tribunales militares anónimos para juzgar a inmigrantes sospechosos: la presunción de ser de allende el mar permite secuestrar y juzgar. El habeas corpus ha sido suspendido. En las escuelas los niños han sido forzados de forma religiosa a cantar el himno y prestar juramento a la bandera. Los empleados que externan alguna crítica a la guerra o al apoyo estadounidense a Israel, o que denuncian las masacres de palestinos en Israel, son suspendidos de sus puestos o despedidos. Toda la comunicación -cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas- puede ser controlada sin ninguna orden judicial. Los medios de comunicación difunden la propaganda gubernamental, revitalizan la historia chovinista y silencian las masacres lejanas y la represión doméstica”.

   La propaganda gubernamental no sólo se ha impuesto a través de la deformada información de la guerra sobre Afganistán por parte de los vencedores, sino mediante la autocensura de los periodistas y cadenas televisivas. En contraste con la tan cacareada libertad de prensa, la Casa Blanca ha ido bastante lejos en el control de la información, al punto de que la prohibición de los videos de Ben Laden, y el poner al frente de la propaganda del Departamento de Estado a una antigua jefa de la publicidad de champú y dentríficos, resultan meras anécdotas. Pero así ha sido. Al contrario que en la guerra de Vietnam, de la que aprendieron bastante, la prensa de EEUU se ha parapetado tras la supuesta presión de la opinión pública y el impulso patriótico. Cuando, por otro lado, el fiscal general John Ashcroft no dudaba en afirmar que “quienes critican las medidas antiterroristas dan munición al enemigo”. Así, a comienzos de diciembre, dieciocho asociaciones  presentaron en Nueva York una demanda judicial contra el Departamento de Justicia por la oleada de arrestos en relación con el 11-S. Considerando que el secreto en el que se producen las detenciones no tiene precedentes en la reciente historia de Estados Unidos, y que ello supone otra vuelta de tuerca en la criminalización de los inmigrantes. Denunciando, asimismo, que los nombres de trescientos mil inmigrantes ilegales han sido incorporados a la lista negra del Centro de Información Nacional de Delitos.

La universidad está en las listas negras. Universidades y colegios han tenido que abrir al FBI cientos de miles de fichas de estudiantes con el fin de que la policía los investigue. Según un informe elaborado por un organismo dedicado a depurar las impurezas patrióticas en el mundo universitario (ACTA), compuesto por juntas rectoras y ex alumnos y presidido por la mujer de Dick Cheney, vicepresidente de EEUU, más de un centenar de intelectuales son los que constituyen “el eslabón débil en la respuesta de América a los atentados”, a decir de John Carlin, en Viaje a la América herida (EL País semanal, 30.12.01). Este  articulista destacaba cómo los intelectuales críticos norteamericanos eran considerados unos subversivos y “enemigos de América”, lo que a título de insulto habitual, había sido aplicado asimismo a Susan Sontag, “por escribir que los atentados terroristas del 11 de septiembre  eran consecuencia de la política exterior norteamericana”. (Hay que decir que la prensa española no ha dudado en llamar despreciativamente a Susan Sontag y otros críticos ilustres del imperialismo norteamericano, “los colgados del 68”).

 El resultado inmediato de la cruzada patriótica ha sido poner en alza al presidente Bush, que ha pasado de ser un presidente con dudoso mandato, elegido  con menos votos que su adversario, a tener más poder y popularidad que sus antecesores en el cargo. No digamos del fiscal general J. Ashcroft, un político acabado y denostado por su historial racista, y que ahora se ufana de que las detenciones masivas de extranjeros tengan el aplauso del público. Ambos, Bush y Ashcroft, se jactan de tener al Congreso y a los sondeos de opinión en el bolsillo. Aunque sólo uno de cada cuatro estadounidenses opina que hay que ser más duros  y restringir más los derechos civiles. Curiosamente, más que la población blanca, son los negros afroamericanos los que se pronuncian por las medidas policiales contra los ciudadanos de origen árabe, sin saber la soga de la discriminación racial que se ponen al cuello.   

 Acabemos diciendo que, a la “solución” que la guerra ha dado a la “legitimidad” de la presidencia norteamericana, se une la manipulación de la recesión económica instalada ahora en Estados Unidos; y lo que algunos llaman una “crisis sistémica”, ya no la endilgan a los efectos devastadores del lucro capitalista y su “nueva economía”, sino al atentado terrorista del 11-S. No menor importancia reviste la tentativa de reprimir o debilitar el creciente movimiento de lucha contra la globalización neoliberal en nombre de la represión del terrorismo. Como señalaba acertadamente James Petras: “Cualquier  protesta antiglobalización, como la que recientemente ocurrió en Seattle o Otawa, puede ser calificada de “terrorista”, sus líderes y participantes arrestados, sus casas y oficinas registradas, sus documentos confiscados, si no son ciudadanos, mandados a los tribunales militares. Estos decretos y leyes de “emergencia” no son “temporales”; tienen vigencia hasta 2005 y más allá, si las investigaciones comenzaron antes del año citado”. O sea que, la guerra del siglo XXI no ha hecho más que empezar. Y de la guerra y el imperialismo trataremos en un próximo número de Laberinto