Revista Laberinto

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Home Números publicados laberinto 5 Editorial: Con el dedo en el gatillo....

Editorial: Con el dedo en el gatillo....

 

Recientemente se ha celebrado el 25 aniversario de la muerte del Generalísimo Franco, Caudillo de España. También, pero con mayor boato oficial, la entronización de la Monarquía en la persona de D. Juan Carlos de Borbón, que fuera nombrado sucesor, a título de Rey, por ese dictador que tras sublevarse contra un régimen constitucional se mantuvo en el poder cerca de 40 años con el apoyo del ejército, los poderes económicos-financieros y la Iglesia Católica.

Acerca de lo que supuso el periodo de la Transición política, importantes grupos políticos y medios de comunicación se han encargado de elaborar un mensaje unidireccional sin posibilidad de contestación. Artículos en diarios y revistas, programas especiales de radio y televisión, entrevistas, tertulias, fascículos coleccionables,... nos han dicho estos días lo que debe e interesa ser recordado. Reiterando lo que pasó hace 5 años, pero ampliándolo y magnificándolo aún más, todo han sido hagiografías y loas para la hazaña de pasar de una dictadura terminal a una democracia coronada. Desde entonces parece que no paran de homenajearse unos a otros, intentando patentar el modelo y exportarlo a otras latitudes.

Aunque históricamente 25 años es un corto espacio de tiempo, existe ya una generación de españoles, mayores de edad, que no conocieron el franquismo y a los que se les ha secuestrado la Historia, y como escribió alguien: “una sociedad sin historia, una sociedad sin memoria es una sociedad anestesiada”. Hora es, pues, de recordar otras versiones menos idílicas y cómplices de lo ocurrido.

La tan traída y llevada transición consistió en una serie de pactos inconfesables, impulsados desde Washington y Bonn, que aseguraron la continuación de las mismas personas y clases en la Jefatura del Estado y Gobierno, y la participación de los jefes carismáticos de la oposición en los poderes políticos del Estado. El enfrentamiento entre la legalidad de la dictadura y la legitimidad democrática de la oposición clandestina se resolvió renunciando unos a su legalidad y los otros a su legitimidad; es decir, repartiéndose unos y otros el poder del Estado. Para ello, tuvieron que adoptar una serie de acuerdos que modificaran el régimen franquista a partir de su propia legalidad, esto es, sin ruptura democrática.

Esos acuerdos, como señala Eugenio del Río en el nº 55 de Página Abierta, trajeron consigo al menos tres consecuencias: En primer lugar, la democracia parlamentaria tenía que cargar con una monarquía, con una policía, con un ejército y con una judicatura que había creado el franquismo, lo que configuraba un régimen tutelado por las fuerzas del pasado que representaban una constante amenaza, como se vería posteriormente con los intentos de golpe de estado. En segundo lugar, fueron aceptadas las condiciones que pusieron los peones de Franco: rechazo del derecho de autodeterminación y el Ejército como garante del orden político. En tercer lugar, un Pacto de silencio sobre el pasado. Se echó tierra al pasado, y los autores de tantas tropelías pasaron a ser funcionarios del nuevo régimen a los que se les reconocía tanta legitimidad democrática como la que se suponía a quienes lucharon contra ellos. De esta manera, franquistas reconocidos de todos los pelajes han llegado a pasar por demócratas de toda la vida e impartir clases de democracia, incluso alguno de sus cachorros renuentes a la Constitución ha podido llegar a la Presidencia del Gobierno bajo el manto "centrista". Al parecer no existe la derecha en este país.

Pero la transición no fue sólo un acontecimiento político, también fue un miedo colectivo que lo abarcó todo. La autocensura se convirtió en hábito, se introdujo en las conciencias. Con hipocresía se fue construyendo un silencio peculiar desde el que se acalló casi todo. Era de mal gusto hablar de los crímenes y asuntos turbios de la dictadura, precisamente todo lo contrario de lo que ahora, en el caso de Chile, con entusiasmo y justicia piden para Pinochet y sus secuaces. Y se fue imponiendo una nueva moral y valores que hacían abstracción de la Historia. La República se identificaba con la Guerra Civil, y el término “desestabilizadores de la convivencia pacífica” se utilizaba para combatir a los que no comulgaban con las ruedas de molino del “consenso”.

Todo lo anterior provocaría  frustración y posteriormente desencanto en la minoría antifranquista más activa, no sólo por las concesiones que se hicieron, sino por la relativa deslegitimación de la lucha antifranquista que supuso el pacto de silencio respecto a los crímenes y criminales franquistas. Pero, por otro lado, la fragilidad de la conciencia democrática de un proceso como el que se llevó a cabo se puso de relieve ante hechos tan significativos como la tentativa de golpe de Estado de febrero de 1981, cuando, más que movilización popular, lo que hubo fue una apresurada búsqueda de protección en los poderes fácticos. Da que pensar que el pueblo español y sus líderes políticos sólo se atrevieran a manifestarse contra el golpe una semana después de que éste hubiese fracasado.

Se ha hecho mucho hincapié en que en 1977 no era posible ir más lejos y seguramente fuera así. La sociedad no estaba, o tal vez no estaba aún, para empresas más audaces. Ciertamente la renuncia a castigar al franquismo no fue un gesto generoso, no fue un acto de perdón, pues no hay perdón cuando no hay fuerza. Pero esto no atenúa la responsabilidad contraída por las fuerzas de oposición, y en especial la del PCE como fuerza hegemónica de la misma entonces, que con un afán electoralista se avinieron a legitimar la reforma. La democracia habría sido inevitable, a pesar de todo, si la oposición no hubiera temido tanto a la libertad política del pueblo y no hubiera sido dominada tan ardientemente por el deseo de tocar poder. Posiblemente la hegemonía del Partido Comunista portugués (prosoviético) en la última fase de la revolución de los claveles y el miedo de la nueva clase política que salía de la clandestinidad a verse desbordada por las ansias de libertad, determinaron el rechazo en todas las esferas de poder de la estrategia de ruptura democrática y el apoyo a la táctica de la reforma liberal del régimen franquista. Pero hay que reconocerlo y no ocultarlo, la legalidad de la dictadura otorgó a los españoles las libertades de que hoy disfrutamos bajo la condición, garantizada por la entonces oposición democrática, de que esa libertad no sería utilizada para cambiar la forma del Estado ni para determinar su régimen político.

En este sentido, y dentro de la mitología sobre la transición, uno de los elementos que más se ha prestado a la hagiografía y el ditirambo es, sin duda, el que se refiere al papel de la monarquía. Se ha tendido a exagerar tan ostensiblemente el papel cubierto por D. Juan Carlos de Borbón, que nuestro Rey se encuentra en el cénit de su popularidad mediática, abrumado por las genuflexiones y los rasgamientos de vestiduras que practican columnistas y contertulios, editorialistas, analistas, presuntos periodistas de investigación y responsables políticos cuando se refieren a lo que representa.

Al final ha resultado que ciertamente todo estaba "atado y bien atado", sobre todo a juzgar por el fervor con que tantos se afanan en cumplir aquello escrito por el dictador en su testamento político: “Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta”. No es aventurado decir que, a tenor de lo ocurrido estos años, y de lo visto y escuchado estos meses, el Generalísimo se quedó corto, conocía bien "el paño".

La aprobación de la monarquía como forma de Estado fue la más llamativa renuncia ideológico-política del campo antifranquista. Las condensaba todas. Significaba avenirse a las previsiones sucesorias del propio Franco. Y significaba resignarse a hurtar a la soberanía popular la elección de la forma de Estado.

Seguramente, la forma política del Estado parezca cada vez más una cuestión menor porque los grandes problemas y desafíos a los que nos enfrentaríamos serían los mismos. Ahora bien, llama mucho la atención que un cuarto de siglo después de la muerte del dictador persistan ciertos tabúes y temores a abordar sin tapujos algunos episodios de nuestra historia reciente. La historia oficial sobre el papel de la monarquía en la transición y en el golpe de Estado del 23-F de 1981 empieza a ser de vergüenza ajena. Se ha convertido en lugar común decir que nuestro rey fue el principal artífice de la llegada de la democracia, motor del cambio,... y que el 23-F el rey preservó la democracia y las libertades de todos al salir a la una de la madrugada por televisión desautorizando el golpe, por lo que sus súbditos debemos estar eternamente agradecidos. El hecho de que no exista un cuestionamiento público de este bello cuento sobre el rey bueno y justo que regaló la libertad, no deja de ser preocupante si se piensa en la educación democrática de las nuevas generaciones. Pero sobre todo, resulta sospechoso el celo que se pone en seguir explicándolo. Quizás no se insistiría tanto en lo del 23-F si no fuera para oscurecer con el brillo de la supuesta gesta el origen del Estado del que procedía. Lo que fue, como mucho, un sospechosamente tardío cumplimiento del deber por parte de un monarca constitucional, se convirtió en un heroico y trascendental acto de defensa de la democracia, motivo de eterna gratitud y patente de corso. Pasar de Jefe de Estado designado por la voluntad de un dictador, saltándose no sólo la legitimidad del régimen derrocado por las armas sino  incluso la propia línea dinástica, a héroe de la democracia sí que es una auténtica hazaña, imposible sin la connivencia generalizada de tantos.

El proceso de transición que desembocó en la Constitución fue tan especial que en la Carta Magna hubo que incurrir en auténticas contradicciones. Una de las mayores es la que declara que el poder soberano reside en el pueblo pero no se aplica para decidir sobre la Jefatura del Estado, cuya legitimidad no se sabe de dónde emana, se supone que de Dios aunque realmente sea de las Leyes Fundamentales franquistas y de la tradición conservadora monárquica. En este sentido no hay que olvidar, a  pesar de que hoy todavía se intenta, el carácter de Reino que revistió la forma de Estado bajo el régimen franquista y el papel trascendental que desempeñó en la dictadura el príncipe Juan Carlos, en tanto que sucesor. Sólo a mediados de los 70 y cuando ya era Rey, se sintió al parecer inoculado por el virus democrático.

Pero no queda ahí la cosa, nuestra Constitución declara que: la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (artº 56.3) y que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (artº 64.2). Admitir que alguien esté fuera de la Ley por nacimiento es cosa de monarquías teocráticas, donde en el nombre y por la Gracia de Dios actúa el Rey. Sin restricción ni matiz, sin distinguir entre actividad pública y privada, en su literalidad, el texto constitucional pone a los reyes españoles fuera (por encima, luego fuera) de la ley. Hagan lo que hagan no son juzgables. Y cuando en un país no  hay universalidad de la ley no hay condición ciudadana. De ahí que el Tribunal Penal Internacional declarase inadmisible a España por ese arcaísmo. De ahí la tomadura de pelo que ha sido que el Congreso de los Diputados, para salvar el escollo, aprobara, con el informe favorable del Consejo de Estado, que también  de los actos privados del Rey responde el gobierno que es quien los refrenda (¡). Y podríamos seguir con otras cuestiones como lo poco democrático y ejemplarizante que para una sociedad como la española es la discriminación en la línea sucesoria por razón de sexo, etc., etc.

En definitiva, la manipulación informativa sobre este tema es tal que cualquiera que osa realizar una referencia crítica acerca de la Monarquía o sobre la conveniencia del régimen republicano es automáticamente sepultado en la selva mediática, y si el crítico goza de una posición que le permita evitar ser ignorado, instantáneamente caen sobre él las más terribles acusaciones de irresponsabilidad, resentimiento, marginalidad,... No hay más que recordar lo que le ocurrió a Julio Anguita cuando en el verano de 1996 se atrevió a opinar sobre el tema. La cuestión republicana no existe o es cosa de locos. Quien se atreva a poner en cuestión la monarquía recordando su oscuro y poco legítimo origen o trayendo a colación su incompatibilidad con determinados principios democráticos, Vg., que la máxima magistratura del estado se rija por el feudal derecho de sangre y no por la voluntad popular, es un cavernícola marginal. El grado de autocensura sobre esta cuestión es tan patético que militantes de partidos de izquierda sólo se atreven a desahogarse y expresar su espíritu antimonárquico de reojo y en el ámbito estrictamente privado.

Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurre en otros países con monarquía parlamentaria, en España existe una conspiración de silencio en la que participan todos los medios de comunicación en torno a la familia real. Los mismos que bromean o atacan con saña y crueldad la privacidad de la familia real británica, por ejemplo, guardan un sospechoso silencio sobre la nuestra. Existe de hecho una censura de cualquier referencia a la Corona que se aleje del elogio y la adulación lacayuna. Tan eficaz ha sido la labor desarrollada que hemos llegado a verdaderos actos del Antiguo Régimen como las bodas reales de Barcelona y Sevilla, en que supuestos ciudadanos se rebajan a la condición de siervos en las calles. Semejante parafernalia y beatitud monárquicas quizás no hubieran llegado a tales extremos de pánfilo asentimiento sin esa persistente labor de edulcoración, cuando no de ocultación y falsificación llevadas a cabo en estos años.

Quizás resulte exagerado, pero, como muy hermosamente decía Gabriel Albiac en El Mundo de 20/11/00, lo peor del franquismo no fue el franquismo. Lo peor del franquismo fue su fin, si es que fin puede llamarse a eso. Lo peor del franquismo fue que nunca acabó el franquismo. Y esto lo sabemos ahora, por supuesto. Tendríamos que ser (o fingir que somos) perfectos imbéciles para no saberlo. El franquismo es esto.

Que Franco se muriera (añadía Albiac) nos traía al fresco. Lo que deseábamos, por un elemental principio de justicia, era verlo fusilado. Y restablecer la única legalidad posible en una tierra de hombres: la republicana. Por eso muchos entramos a finales de los 60 y principios de los 70 en el torbellino clandestino. En aquella época antifranquistas combatientes éramos cuatro gatos y no necesariamente todos demócratas: comunistas de distinta tradición, sobre todo; los anarquistas vivos; militaristas nacionales de ETA y pocos más. Habría sorpresas si supiéramos cuántos parlamentarios y gobernantes de los últimos 25 años vistieron la camisa azul fascista en algún momento.

Se estaba muy solo en el combate contra la dictadura. Y hacía frío, mucho frío. Hubo amigos y compañeros que pasaron por las cárceles a edades que nadie creería. Y algunos aguantaron. Quizás haya quienes digan que no sirvió para nada. Pero luchamos por lo que creíamos. Eran nuestra dignidad, nuestras ansias de justicia y nuestra obligación de hombres libres las que nos impedían ser cómplices silentes del régimen o mirar para otro lado. Eran nuestros ideales. Y a algunos en ello les fue la vida. Quienes no han vivido aquella oscura noche del franquismo combatiendo morirán sin idea de saber lo que es haber vivido. Por todo ello, por el tiempo vivido y el que nos queda, desde nuestro laberinto seguiremos adelante. Porque, parafraseando a Juan Marsé, cuando ya casi no creemos en nada y nos están cociendo a todos en la olla podrida del olvido, es necesario que algunos aún mantengamos el dedo en el gatillo de la memoria.