Revista Laberinto

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Números publicados laberinto 4 Editorial: El derecho a la autodeterminación

Editorial: El derecho a la autodeterminación

El nº 4 de nuestro Laberinto aparece cuando la organización terrorista ETA, tras la ruptura de la tregua, ha dado un nuevo salto cualitativo y sigue llevando una campaña indiscriminada de atentados por todo el territorio nacional. En esta nota editorial queremos hacer una breve reflexión sobre el delicado tema del llamado contencioso vasco.

El próximo mes de diciembre se cumplirán 41 años de la comisión de tres atentados con explosivos en el Gobierno Civil de Álava, la Jefatura de Policía de Bilbao y el diario Alerta de Santander. Los tres primeros atentados de una desconocida y anónima organización a la que uno de sus fundadores, el escritor vascuence, Txillardegi, puso el nombre de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad). Posteriormente, el 2 de agosto de 1968, cometerían sus primeros asesinatos en las personas del guardia civil D. José Pardinas y el policía Melitón Manzanas. Desde entonces, tanto bajo la dictadura franquista como bajo la democracia, cerca de 900 personas han muerto víctimas de sus atentados y muchísimas más han quedado con secuelas para toda la vida. Al principio, los atentados eran vistos con “comprensión” y cierta “complicidad” por muchos sectores de la lucha antifranquista que, aun no compartiendo los métodos utilizados, creían que sus actuaciones debilitaban al régimen y facilitaban la llegada de la democracia. ¿Hay acaso que recordar el atentado contra el Presidente del Gobierno almirante Carrero Blanco y la presunta complicidad de servicios secretos extranjeros e incluso de sectores evolucionistas del régimen?  

Con la llegada de la democracia y la consiguiente Ley de Amnistía se pensaba que el problema podría entrar en vías de solución. No obstante, el carácter de la organización terrorista y la respuesta dada al problema de la cuestión nacional por la Constitución de 1978 hizo inviable, para determinados sectores, que la herida se cerrara y condujo a que la Constitución fuese votada en el País Vasco por aproximadamente sólo un tercio de la población. Las fuerzas sociales y políticas que valoraban el régimen constitucional y estatutario, establecido como impuesto por unos poderes fácticos heredados del franquismo, encontraron un caldo de cultivo y una coartada idóneos para continuar una lucha en la que la acción militar de ETA ocupaba un lugar central para tratar que la sociedad vasca lograra desbordar los límites que la Constitución y el Estatuto establecían. Su estrategia se retroalimentaba con la clásica espiral acción-represión-reacción.

Durante estos años ha habido contactos y negociaciones más o menos intensas con el entorno radical y la organización terrorista, aunque ahora algunos parezcan rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de negociación con una banda terrorista. Con el inicio de la tregua anunciada por ETA (16/9/98) pareció abrirse una etapa esperanzadora para la solución del conflicto vasco. Durante dicha tregua, pero sobre todo a partir de la ruptura de la misma (28/11/99) y ante el dolor y rabia que provocan los asesinatos de ETA, se ha lanzado una especie de caza de brujas contra los nacionalismos periféricos moderados, especialmente el vasco por la firma del Pacto de Estella-Lizarra y su deriva soberanista. No se trata en estas breves y apresuradas líneas de analizar la responsabilidad de la ruptura de la tregua, si se trataba de una tregua trampa, si se han hecho todos los esfuerzos necesarios, posibles y razonables para impedirla, etc.; tampoco se trata de salir en defensa de nacionalismos en los que ni creemos ni de los que somos partidarios. No obstante, y al margen de ello, no parece razonable en una sociedad abierta y democrática la sospechosa unanimidad en los mundos mediáticos y políticos estatales sobre el asunto, pareciera que sólo hay una forma posible de oponerse a la violencia etarra, y a quien discrepa o se sale del guión establecido se le acusa poco menos que de complicidad o de alentar a los terroristas; no parece razonable la satanización de un partido de orden, aliado histórico de las formaciones estatales  y con el que hasta hace poco el PP pactaba incluso el horario de las misas; no parece razonable utilizar la justa y legítima acción contra el terrorismo para obtener ventajas electorales a nivel nacional combatiendo y debilitando de camino a los que supuestamente recogerían las nueces del árbol que otros zarandean, acusándoles de connivencia con el terrorismo cuando su concurso en la solución del contencioso es crucial, son demócratas que defienden sus objetivos por medios pacíficos y están en su derecho de tener una visión del conflicto distinta que la del gobierno; no parece razonable que la política antiterrorista sea diseñada y dirigida por una persona que cuando actúa no se sabe si lo hace en función de su condición de Ministro de Interior del Gobierno de España o en función e interés de su virtual condición de candidato electoral a Lehendakari; no parece razonable, en suma, esa intransigente aunque legítima aspiración del PP, decidido a la reconquista de Euskadi a cualquier precio, sustituyendo los malos nacionalismos periféricos por el buen nacionalismo español. Y duele y es difícil escribir esto cuando sus militantes están siendo objetivo preferente de esa banda terrorista.

A lo largo de estos años se han propuesto y puesto en marcha muchas medidas para enfrentarse al conflicto al calor de los asesinatos y la indignación que causan: estados de excepción, pena de muerte, guerra sucia, ilegalización del brazo político (HB-EH), cumplimiento íntegro de penas, delito de apología, endurecimiento del derecho penal aproximándolo al de países tercermundistas,... lo novedoso en la situación actual ha sido la movilización ciudadana y el mayor aislamiento social de los violentos. Pero, ¿cree alguien serenamente que sólo con castigos, vía policial, manifestaciones y firmeza democrática (todos ellos necesarios) evitaremos las bombas, crímenes y ejecuciones sumarias, y venceremos al terrorismo? ¿No se han aplicado ya estos remedios en el pasado? Agravar castigos, perseguir opiniones,.. son soluciones que no van a la raíz del problema. Como ha señalado Antonio Escohotado en el diario EL Mundo de 2/3/96, el terrorismo de corte nacionalista tal vez podría comenzar a desactivarse tomando muy en serio el principio de la mayoría en cada territorio y respetando de verdad la vida ajena. Si la soberanía pertenece al pueblo y deriva del sufragio universal, en contraste con otras presuntas legitimaciones de sangre o gracia divina, ¿quién puede exigir sumisión a un territorio donde quizá la mayoría prefiere la independencia? El derecho de constitución (derecho de todo pueblo a darse leyes y administradores acordes con sus principios) no es discernible del derecho de secesión, en cuya virtud todo pueblo puede disolver los vínculos que le sujetan a otros, asumiendo un puesto separado e igual a ellos. Negar que todo pueblo tiene este derecho, no sólo pisotea el principio de la mayoría sino que abona las atrocidades perpetradas por unos para hacer valer la independencia. Pregúntese a Euskadi qué quiere y veamos qué pasa. Posiblemente los votos no se inclinen hacia la independencia total. Pero ahora y siempre las leyes deben estar al servicio de la sociedad, no a la inversa; aquello que fue aprobado bajo unas circunstancias históricas puede siempre confirmarse o enmendarse ulteriormente, porque cosa distinta sería confiar a los muertos el gobierno de los vivos. Y esto, añadía dicho autor, no supone “ceder al chantaje de unos pocos”, sino averiguar cuál es la voluntad mayoritaria.

No basta sólo con hablar de firmeza democrática y represión policial para abordar un conflicto que dura años y al que sólo se ha hecho frente por la vía policial y con intentos tímidos de negociación. ETA no son las Brigadas Rojas italianas, el GRAPO o la Banda de Baader Meinhoff, ETA tiene una base social que es preciso tener en cuenta para enfrentarse a ella y ante la que aparentemente tiene una legitimidad por muy delirante que nos parezca, legitimidad que supuestamente nace de lo que consideran la defensa de su nación y la imposibilidad de que en el marco actual sus reivindicaciones soberanistas o independentistas puedan ser atendidas por la vía democrática. Aunque para muchos establecidos y conversos pueda resultar molesto e incluso odioso, conviene recordar que la  Constitución y su diseño, especialmente en lo que concierne a la Monarquía y al Título VIII sobre el Estado de las Autonomías, es producto de la relación de fuerzas y condiciones existentes a la muerte del dictador. Como dice JR Capella en una nota de la revista Mientras Tanto, nº 77, p.20, la debilidad de los sectores antifranquistas en 1978, los sectores democráticos de verdad, y la fuerza de los sectores procedentes del régimen, condujeron a lo que hay, por ejemplo, a la existencia de instituciones del Estado (caso de la Monarquía) excluidas del escrutinio y crítica democrática por común acuerdo de los medios de comunicación y fuerzas políticas del país. En lo que concierne al título VIII la derecha procedente del franquismo vetó una definición federal de España y, lo que es peor, impuso una serie de artículos según los cuales los derechos democráticos se fundamentan en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, atribuyendo a las Fuerzas Armadas nada menos que la misión de mantener tal condición (algo sin equivalente en otras constituciones). Una parte sustancial de la población vasca ha venido considerando legítimo el apoyo a la lucha armada. Y hay que preguntarse porqué. Al margen de otras muchas consideraciones, hay que reconocer que la legislación existente en España no permite al pueblo vasco, ni a ningún otro, un proceso de libre determinación. Aunque bien es cierto que la coerción de ETA tampoco lo hace posible.

Se dice que en democracia todo es susceptible de discusión, pero que no es posible hacer concesiones políticas a ETA porque sería premiar la lucha armada y alentar a otros grupos. No obstante, si hay algo que no se haya podido hacer hasta ahora o susceptible de rectificación a propósito del País Vasco u otras nacionalidades, lo que corresponde es rectificar, con independencia de que ETA lo pueda presentar como una victoria política. Así pues, un conjunto de circunstancias impide la reflexión serena y la toma de decisiones sobre aspectos de la Constitución a los que es necesario hacer frente, so pena de mantener un conflicto sangriento durante años. Personajes nada sospechosos de izquierdismo, como Herrero de Miñón, han señalado que la cuestión nacional es el gran problema histórico que queda por resolver en nuestro país, ya que la definición de España en la Constitución es demasiado unívoca, no deja un lugar cómodo a quienes reivindican un sentimiento nacional distinto, otra identidad y un mundo simbólico propio (vasco, catalán,...). En este sentido, apunta que un instrumento que abre la posibilidad de encauzar y superar el conflicto serían los derechos históricos de los territorios forales que la Disposición Adicional 1ª reconoce, respeta y ampara. Como también ha señalado P. Maragall, la Constitución puede ser un punto de partida.

Es necesario avanzar en una definición federal de  España sobre la base de las comunidades autónomas actuales, que establezca la posibilidad de un acuerdo para un proceso de libre determinación. Y en este sentido, como añadía JR Capella en la citada nota, se puede ver como indeseable cualquier fenómeno separatista y, sin embargo, ser partidario de un proceso de libre determinación, que incluya la posibilidad de secesión, siempre que la población pueda decidir al respecto libremente y en paz. Porque, bien es cierto que un proceso de ese tipo no puede realizarse de cualquier manera, sino de modo que no produzca un desgarramiento social y político. Condiciones como la exigencia de un clima de ausencia de violencia y coerción sobre los ciudadanos durante un largo periodo de tiempo, una mayoría cualificada o reiterada para la secesión y un compromiso que garantice los derechos y libertades de todos, son razonables y necesarias.

En definitiva, la defensa de los principios anteriores puede y debe hacerse pacíficamente y en modo alguno justifican las acciones terroristas y los atentados. Cada asesinato retrasa la posibilidad de un debate más sereno y productivo sobre la cuestión. Además, ¿qué sentido tiene matar por un objetivo que sólo lograrían si son capaces de convencer a una amplia mayoría de la ciudadanía vasca y que no obtendrán si no consiguen dicha adhesión? La responsabilidad del dolor, sufrimiento y crímenes es única y exclusiva de la banda terrorista, pero la batalla contra ETA no sólo debe plantearse en el terreno policial sino también profundizando en el de la legitimidad democrática.