Hacia una educación pública

El lema “Educación pública de tod@s para tod@s” utilizado por el movimiento en educación conocido como la Marea Verde se popularizó a raíz de la rebeldía de una profesora al saber que la Consejería de Educación madrileña celebraba en un colegio concertado unas pruebas de Conocimiento y Destrezas Indispensables (CDI) con la que la comunidad de Madrid examina a sus estudiantes. Su posición fue clara ante la obligación de asistir a un lugar que simboliza explícitamente las diferencias de clases dentro del sector de educación en España, se plantó una camiseta verde donde reivindicaba una escuela pública de todos y para todos.

Desde el Círculo de Educación de la revista Laberinto nos planteamos si esas diferencias también se encuentran en el seno de la escuela que llamamos actualmente “pública”, y desde cuándo están. Por un lado, sabemos que a la escuela pública, desde la Constitución Española de 1978, pueden acceder todos los niños del país como un derecho fundamental, eso ha sido sí y sigue siéndolo. Pero nos preguntamos si la escuela pública le ha dado siempre una misma respuesta a todo el que ha entrado en ella. Todo alumno que tuvo la capacidad y las condiciones sociales para terminar sus estudios pudo coger ese gran ascensor social que lo levó a la actual poblada clase media o más allá, pero siempre quedaba abajo una masa mportante para la que no fue así. Por tanto, la escuela no daba la misma respuesta a todo el que entraba en ella, ésta aseguraba el acceso para todos pero no la ascensión.

Actualmente, tras conocer el anteproyecto de ley que pretende aprobar el Ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert, entre los diferentes movimientos e instituciones existentes en torno a la educación (docentes, sindicatos, AMPA, plataformas por la educación...) se extraen varios análisis, pero queremos destacar el que se hace de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, 2012) como una ley que conduce a la escuelahacia la privatización. Las medidas de la LOMCE son tan claramente mercantilistas que se perciben como un serio debilitamiento de la educación, percibiendo casi cualquier situación anterior como preferible. Sin embargo, esta ley no es ningún ataque a la base del sistema educativo actual, pues el carácter mercantil estaba ya presente. Esta ley no trata de cambiar el rumbo de la educación de este país, sino que introduce modificaciones que aceleran y hacen más directa la relación mercado-escuela.

De entre los parecidos razonables más destacados de esta última ley con otras anteriores podemos mencionar que al abrigo de la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 1990) se preestablecían grupos en “diversificación” con la justificación de ampliar las posibilidades a alumnos “menos capaces”. De esta forma, se pretendía que la escuela funcionara también como ascensor social para estos alumnos. Sin embargo, este ascensor no alcanzará nunca la altura de los grupos de bilingüismo que se establecen a partir de la LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006). Por supuesto, la LOMCE no se queda atrás, donde la división entre un ámbito aplicado y otro académico hace decidir a un niño de doce años si su futuro profesional se dirigirá hacia un trabajo de mano de obra explotada y mal remunerada, o un trabajo intelectual posiblemente explotado y algo mejor remunerado. En el primer caso estarán los más y en el segundo los menos; por supuesto la decisión en ninguno de los casos es del niño como se quiere hacer ver, sino del sistema educativo. El mismo sistema que ya en la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación, 1985) incorporó un régimen de conciertos que daban la posibilidad de que los centros de titularidad privada pudieran ser financiados con fondos públicos [1].

Así, el análisis que se hace hoy día acerca de la privatización que supone la LOMCE hubiera sido válido tiempo atrás pues la escuela siempre ha cumplido la función de formar y seleccionar mano de obra, la diferencia es que con el paso del tiempo se van poniendo los medios necesarios (a través de leyes) para ofrecerla más clasificada y más ajustada a las necesidades del mercado.

Nuestra reflexión ante esta problemática histórica del sistema educativo es la siguiente: en la defensa de la actual escuela pública no está la respuesta, su principal función permanece con independencia de la ley que la rija, colocar a cada alumno en una posición en el mercado de trabajo, todos al servicio de los grandes capitales. Por tanto, la lucha va más allá del sistema educativo y sus leyes; no podemos pretender una igualdad dentro de nuestra escuela sabiendo que es la desigualdad lo que rige y sustenta el sistema “democrático” español. Así pues, el dilema que debemos plantearnos es si estamos a favor de una escuela que sirva para la ascensión individual o que sirva a la lucha colectiva contra esa desigualdad.

[1] La financiación de centros privados con fondos públicos se inició en 1972 a través de un sistema de subvenciones sin una cobertura normativa adecuada.

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